CUSCO, PERÚ — Al conmemorarse el 19.º aniversario de la declaratoria de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, los gremios empresariales de la región hicieron un balance sobre el impacto histórico de este reconocimiento y propusieron reformas estructurales urgentes para asegurar la sostenibilidad y la gobernanza del principal ícono cultural y turístico del Perú.
El 7 de julio de 2007 marcó un punto de quiebre absoluto para el destino. Respaldada en su momento por cerca de 3.2 millones de votos de peruanos y extranjeros en el certamen global organizado por la Fundación New 7 Wonders, la denominación impulsó de manera vertiginosa las inversiones locales, elevó los estándares de hospitalidad y triplicó los flujos turísticos hacia el sur del país. Esta inyección de demanda dinamizó de forma transversal actividades conexas como la artesanía tradicional, la confección textil, la gastronomía y el turismo de naturaleza.
El reto de superar la gestión coyuntural
A pesar de las cifras al alza que experimenta la región durante la actual temporada alta, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, José Fernando Santoyo, advirtió que el santuario no puede seguir administrándose bajo respuestas meramente reactivas ante crisis del momento.
Para el líder gremial, el futuro de la llaqta depende de responder con firmeza tres preguntas clave: si se está conservando adecuadamente el patrimonio, si la experiencia final que se ofrece al turista es verdaderamente positiva y si el destino está distribuyendo beneficios equitativos para las comunidades locales.
“Los retos principales están en que necesitamos tener una mirada técnica, una mirada estratégica y planificada sobre lo que es Machu Picchu, y no una mirada que solucione únicamente coyunturas, que es lo que hemos estado viendo”, enfatizó Santoyo en diálogo con RPP.
Propuesta: Una autoridad autónoma y lucha contra las malas prácticas
Como salida de fondo a los recurrentes problemas de gobernanza, la Cámara de Comercio propuso formalmente la creación de una autoridad autónoma encargada de forma exclusiva de la gestión de Machu Picchu. Este nuevo organismo técnico tendría la potestad de articular de manera vinculante a todas las instituciones del Estado y ministerios involucrados, permitiendo un equilibrio real entre la conservación estricta del patrimonio arqueológico, la optimización de los servicios al visitante y el desarrollo socioeconómico de la región.
La propuesta cobra especial relevancia de cara al próximo mensaje a la Nación del 28 de julio. El sector turístico formal espera que el Ejecutivo anuncie una política nacional integral sobre el santuario que demuestre verdadera voluntad política y principio de autoridad.
Entre los puntos críticos que demandan intervención inmediata se encuentra el ordenamiento del sistema de boletaje. Los gremios denunciaron que el sistema principal de reservas del Ministerio de Cultura sigue siendo vulnerable a la proliferación de falsas reservas y acaparamientos que simulan una escasez artificial de espacios, lo que deriva en boletos liberados a última hora que no son utilizados y en colas innecesarias en Machupicchu Pueblo, afectando la imagen internacional del destino.
